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Gobierno de Navarra

El Archivo de Navarra dedica su microexposición de marzo al centenario del Estatuto Municipal de 1924

12/03/2024

Cuando se cumple el centenario de la aprobación del Estatuto Municipal cuya adaptación al régimen foral de Navarra fue objeto de complejas negociaciones con el Estado, el Archivo Real y General de Navarra dedica su microexposición de marzo a exponer al público algunos de los documentos que custodia relacionados con este acontecimiento. En concreto, se exhiben documentos relativos a las negociaciones entabladas entre el Ministerio de la Gobernación y la Diputación Foral y Provincial de Navarra y textos como el Real Decreto-ley de 4 de noviembre de 1925 de bases para la aplicación del estatuto municipal en la provincia de Navarra o el Reglamento de Administración Municipal de 1928.

La microexposición “Centenario de la aprobación del Estatuto Municipal (1924)” es una muestra de pequeño formato, de acceso libre y gratuito, que permanecerá abierta en la galería baja del Archivo de Navarra todos los días del mes de marzo de 10:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 20:00h.

 

El Estatuto Municipal de 1924

Uno de los objetivos iniciales de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) fue “regenerar” la vida municipal para “descuajar el caciquismo”, considerado el mal endémico de la Restauración. Para ello, encargó reformar la legislación local a José Calvo Sotelo, al que nombró Director General de Administración Local. El Estatuto Municipal elaborado por Calvo Sotelo fue aprobado el 8 de marzo de 1924 y supuso establecer un nuevo régimen local que eliminaba el poder de tutela sobre los ayuntamientos del país, la fiscalización de sus actos en vía del recurso administrativo, el control de sus finanzas y su dependencia de otras administraciones, como las diputaciones o el Gobierno.

 

Su adaptación al régimen foral de Navarra

En 1924, la Diputación Foral ejercía un amplio control sobre los municipios, debido a una interpretación expansiva de las competencias atribuidas en la Ley de Modificación de Fueros de la Provincia de Navarra de 1841, también conocida como Ley Paccionada. Sin embargo, el Estatuto Municipal suprimía, sin negociación previa, esta jerarquía, modificando el régimen foral. Esta situación fue vista como un ataque por parte de la Diputación Foral y Provincial de Navarra, que recibió la adhesión de diversos ayuntamientos y personalidades en defensa del régimen privativo, algunos de los cuáles se exhiben en la muestra. Ante ello, la Diputación envió el 11 de marzo de 1924 una comisión a Madrid, fruto de lo cual se aprobó la Real Orden de 11 de abril de 1924, texto que se expone en esta ocasión. La Real Orden imponía, por un lado, la vigencia en Navarra del Estatuto Municipal en todo lo que no se opusiera al régimen establecido por la ley de 1841 y, por otro, encomendaba a la Diputación dictar las reglas necesarias para armonizar su régimen privativo con la autonomía que el Estatuto concedía a todos los ayuntamientos del país.

Como consecuencia de ese mandato, la Diputación impulsó la constitución de una asamblea de representantes de los ayuntamientos navarros, a la que encomendó redactar un proyecto de bases de adaptación del Estatuto Municipal, proyecto que fue aprobado por la Diputación el 12 de enero de 1925, designando una nueva comisión negociadora. Las bases acordadas con el Ministerio de la Gobernación fueron aprobadas el 13 de julio por la Diputación, haciendo constar que no podrían ser aceptadas si no respondían a un pacto.

Finalmente, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley de 4 de noviembre de 1925 de bases para la aplicación del Estatuto Municipal en la provincia de Navarra. El texto, que se expone en la microexposición, reconocía como “trámite previo inexcusable la aprobación por la Diputación de las bases” y que los municipios navarros, aun disfrutando de los mismos fueros y prerrogativas que el resto de los municipios españoles, estaban “sometidos a la jerarquía de la Diputación de Navarra en primer grado”. Una jerarquía que se limitó parcialmente, ya que, en adelante, toda normativa referente a los municipios debía someterse a la aprobación del Consejo Administrativo Foral, un órgano hasta entonces consultivo y que contaba ahora con mayoría municipal.

El contenido de la nueva normativa se extendía a cuestiones como la organización municipal de los ayuntamientos navarros y su libertad para regular asuntos como el aprovechamiento de bienes, el nombramiento de empleados o la organización de servicios y obras, pero al mismo tiempo regulaba la necesaria autorización para determinadas cuestiones de la Diputación, que se reservaba la revisión y control de numerosas cuestiones. Además, atribuía a un Tribunal Administrativo delegado de la Diputación los recursos administrativos.

Finalmente, para el desarrollo de esta normativa, el 3 de febrero de 1928 se aprobó el Reglamento de Administración Municipal de Navarra, auténtico código del régimen local navarro, que actualizó y unificó en un cuerpo legal uniforme las variadas y dispersas normas anteriores y que permaneció, con sus modificaciones, hasta la aprobación en 1990 de la Ley Foral de Administración Local.

El Archivo de Navarra dedica su microexposición de marzo al centenario del Estatuto Municipal de 1924
El Archivo de Navarra dedica su microexposición de marzo al centenario del Estatuto Municipal de 1924

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